Avalan Ley General de Comunicación Social; pasa al Senado y notifican a la Corte

• El proyecto será enviado como minuta al Senado de la República y se notificará de su aprobación al Poder Judicial de la Federación.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó con una votación general de apenas 205 a favor y 168 en contra, por parte de la oposición, el dictamen elaborado a partir de la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el que se emite una Ley General de Comunicación Social.

Poco más de cuatro horas y media después, y de aprobar algunas reservas presentadas por el propio PRI, cuyo fin es autorizar la solicitud de presupuesto extra en las dependencias para lanzar campañas mediáticas relativas a asuntos de emergencia en materia de salud y protección civil, el ordenamiento fue avalado en lo particular, con votación de 196 a favor y 146 en contra.

El proyecto será enviado como minuta al Senado de la República y se notificará de su aprobación al Poder Judicial de la Federación; al Juzgado Décimo de Distrito en materia Administrativo de la Ciudad de México; y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notificó el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Edgar Romo.

Aunque en comisiones el proyecto fue votado a favor por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ya en el Pleno los integrantes de esa bancada se pronunciaron en contra.

Por su parte, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presentaron tres mociones suspensivas, en un intento al final infructuoso, de suspender el debate, regresar el dictamen a comisiones y reponer el proceso, consultado todas las voces interesadas.

Panistas, perredistas y morenistas, a los que se sumaron diputados del Partido Encuentro Social (PES), calificaron el dictamen como una “simulación”; la institucionalización del pago de “chayote” a los medios masivos; un “engaño a la ciudadanía”; y como “desacato” a la Suprema Corte, a cuyos ministros, advirtió el panista Jorge Triana, se les está “dando el avión”.

Antes, al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes Guillén, dijo que se trata de una norma de avanzada, que complementa las anteriores reformas en materia político electoral, al reglamentar la publicidad gubernamental.

Reiteró que prevé la creación de un Padrón de Medios de Comunicación, donde se inscribirán las empresas mediáticas, que no por ello tendrán garantizado contratos de publicidad gubernamental.

“Consideramos que los términos de la ley propuesta representan avances de vanguardia para abrir y transparentar la relación del Estado mexicano y todas las entidades que lo componen, con los medios de comunicación, a través del Padrón Nacional de Medios de Comunicación que queda a cargo de la Secretaría de Gobernación”, apuntó.

La congresista indicó que contempla sanciones administrativas y penales a quien incumpla la ley.

“Dejo constancia que en la parte final se aborda el capítulo referente a infracciones y sanciones. En este punto podemos dejar constancia que la violación o incumplimiento de las disposiciones serán acreedoras tanto a sanciones administrativas, como a querellas del orden penal conforme a la legislación vigente”, abundó.

En el debate, el diputado del PRI, Arturo Huicochea, reconoció que la norma no pone un límite al gasto en publicidad oficial, pero se confía en que éste vaya a la baja.

“Ciertamente no establece topes al gasto público, porque establecer el tope incentiva el agotamiento del recurso. El gobierno puede y debe gastar incluso menos que cualquier porcentaje que fijemos de manera rígida en la ley, es mejor un régimen flexible siempre a la baja. Sí hay sanciones, pues remite a la legislación respectiva, sea la civil, sea la penal, la que se requiera”, apuntó el diputado Huicochea Alanís.

Los integrantes de la oposición arremetieron contra el dictamen, al señalar que lejos de cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representa no solo un desacato, sino un fraude y un intento de engaño al colectivo de más de 100 organizaciones que demandaron poner freno al gasto indiscriminado en propaganda gubernamental.

“Es violatoria del cumplimiento de la sentencia de la Corte en esta materia”, y por ello se pidió regresar el documento a comisiones, para que se escuche a la sociedad civil y se elabore un dictamen tomando en cuenta las ocho iniciativas presentadas por otras fuerzas parlamentarias, dijo Zambrano Grijalva.

“Se darán cuenta que no hay reglas claras para la asignación, para el gasto del presupuesto en comunicación social. De nueva cuenta en una ley fraudulenta pretendemos suplir un mandato judicial, estamos simulando, estamos incurriendo en desacato. El quejoso tiene un incidente ante la Primera Sala para hacer que se garantice el cumplimiento de la resolución de la Corte”, dijo Romero Tenorio, integrante de MORENA.

“Para que continúe con esa política perversa de beneficiar a los medios que estén cerca del Príncipe y de asfixiar financieramente a quienes discrepen de ellos con la crítica. Es decir, lo que propone es institucionalizar la política del ominoso chayote en los medios de comunicación”, advirtió el perredista Hernández Soriano.

“En términos coloquiales, compañeras y compañeros, le estamos dando el avión a la Suprema Corte, es una simulación lo que se pretende votar el día de hoy, y Acción Nacional no será parte de esta simulación. Le estamos dando manga ancha al Gobierno para sobre empoderarse, para sobre publicitarse y además, con pésimos resultados”, alertó el panista Triana Tena.

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez, lamentó que la ley finalmente aprobada convalide un gasto millonario en comunicación social, que ha sido utilizado de manera discrecional y en beneficio de algunos medios masivos afines a los gobiernos en turno.

“Que estamos perdiendo la naturaleza de ser servidores públicos y estamos defendiendo los intereses privados, los intereses de podres fácticos. Los seis mil millones pesos de Televisa, los tres mil millones de TV Azteca, los mil millones de Excélsior, cuando no hay diputados luchando por Radio Educación por ejemplo, que ha reducido su presupuesto”, recalcó Álvarez Maynez.

“Quiero señalar que a mí me parece peligrosa la atribución que este proyecto de dictamen otorga a Gobernación para controlar todo el sistema de comunicación gubernamental, se pone la Iglesia en manos de Lutero. Se deja a la Secretaría de Gobernación como secretaría administradora, así lo dice textualmente, dándole facultades para llevar el padrón, para registrar programas, para autorizar planes, para manejar el presupuesto”, remató el coordinador de la bancada de MC, Macedonio Tamez.

Noticias MVS.